Lanzamiento campaña La verdad ilumina la paz

COMUNICADO PÚBLICO

Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Bogotá

 


Como generación que ha vivido los estragos de la violencia y que ha sido testigo de las difíciles condiciones de vida de millones de personas afectadas por el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, el destierro, entre otras múltiples formas de victimización, desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Bogotá, así como desde Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, vemos con preocupación el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, especialmente en lo referido al punto cinco, relativo a la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.

 

Aunque en reiterados escenarios el gobierno ha afirmado la supuesta “centralidad de las víctimas en el proceso de paz”, nos preocupa que seamos justamente nosotros, en nuestra condición de “actores centrales”, quienes estemos siendo sistemáticamente desconocidos tanto en el orden de la implementación de los asuntos relativos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como en lo concerniente al riesgo permanente de los líderes y defensores de derechos humanos, muchos de cuyas voces han sido acalladas a través de la imposición dictatorial de la muerte. Varios de estos líderes se han caracterizado por reivindicar los derechos de las víctimas o han sido reclamantes de tierras que actores paramilitares o empresariales han despojado a través de diversas modalidades de violencia. Según Indepaz, desde la firma del Acuerdo Final, han sido asesinados 116 líderes y defensores de derechos humanos, lo cual no solamente ha instalado el miedo como referente de socialización en las distintas zonas del país, sino que ha desvirtuado la posibilidad de generar procesos de participación para el cambio social y la construcción democrática, los cuales constituyen ejes nucleares del Acuerdo de Paz. Por otra parte, la decisión del Senado de negar las curules de las Circunscripciones Especiales para la Paz, que serían ocupadas por las propias víctimas del conflicto, podría considerarse el broche de oro de la impunidad estatal para el 2017, con lo cual se reducen ostensiblemente las posibilidades para una participación política amplia y plural, en pro de la paz.

 

También manifestamos nuestra preocupación por la depuración del ámbito de acción de la JEP por parte de la Corte Constitucional, en el asunto relativo a los “terceros participantes”, figura desde la que se pretendía dejar la puerta abierta para sancionar a actores que hubiesen participado de manera indirecta en acciones de guerra y en violencias asociadas al conflicto. La reducción del ámbito de juzgamiento permite que empresarios, actores políticos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros posibles terceros implicados, queden exentos de rendir indagatoria y de purgar condenas por su vinculación al conflicto armado como financiadores, apoyos logísticos y beneficiarios de acciones de guerra, ejecutadas por los actores armados del conflicto. Consideramos que esta exención constituye un grave retroceso a la lucha contra la impunidad, toda vez que los autores intelectuales de las violencias, así como quienes acumularon réditos económicos y políticos, pueden seguir disfrutando de los resultados de sus prácticas criminales, al amparo de un Estado que les da la espalda a las víctimas y a sus demandas. Cabe recordar que las prácticas como el desplazamiento forzado y el despojo, que según el Registro Único de Víctimas han dejado como saldo alrededor de 7.311.564 víctimas a noviembre de este año, sin contar el alto subregistro, constituyeron una estrategia de acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos y de concentración territorial por actores legales e ilegales, muchos de los cuales ahora gozarán de impunidad.

 

De igual forma, rechazamos, de manera enfática, la modificación del artículo 104 del proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP, que impide que líderes y defensores de derechos humanos ocupen las curules de esta magistratura, sobre la base del argumento de que representan un “peligro de ajusticiamiento” que podría ensañarse contra sectores políticos, económicos y sociales particulares. Consideramos que la exclusión de los defensores de derechos humanos, además de institucionalizar el mismo criterio de exclusión que ha redundado en diversas formas de violencia contra los defensores de derechos humanos, constituye una estrategia política de sectores de la extrema derecha y de los gremios militares, que temen ser juzgados por sus graves crímenes y por su asocio con estructuras paramilitares, recientemente minimizadas en su carácter político con el denominativo de “bandas criminales”. Valga decir que estas estructuras conformadas por los grupos remanentes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia evidencian el fracaso rotundo de la implementación de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, en cuyo proceso de aplicación se benefició a los paramilitares con penas extremadamente laxas que el congreso en pleno apoyó y que no contaron con las resistencias equivalentes a la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz firmado en La Habana.

 

Para nosotras y nosotros esto reafirma la necesidad de continuar en nuestra labor incansable por la reconstrucción de una memoria crítica y transformadora, y el esclarecimiento de la verdad como un ejercicio necesario para dignificar a todas las víctimas y como el único horizonte conducente a una paz estable y duradera. Es por esto que desde el movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Bogotá hoy, 7 de diciembre, lanzamos nuestra campaña La Verdad Ilumina La Paz. Esta campaña estará compuesta por tres ejes de acción fundamentales: La documentación alternativa de casos de criminalidad estatal para la creación de espacios de diálogos amplios por la verdad, una campaña internacional de sensibilización e incidencia, y la difusión de galerías de la memoria para la transformación, a nivel nacional. El día de hoy iniciamos nuestra primera galería de la memoria en la Plaza Eduardo Umaña Mendoza (Carrera 7 con calle 20), desde las 5:30 pm. Esperamos que se unan a este alumbrado colectivo por la paz.


Bogotá D.C. 7 de diciembre de 2017

 

 

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